CALF cerró trato con Quiroga y sólo pedirá un incremento del 12%

CALF finalmente cerró trato con el Ejecutivo para solicitar un 12% de incremento de la tarifa, la mitad de lo que tenía en mente pedir. El presidente de la cooperativa, Carlos Ciapponi, se reunió ayer con el intendente Horacio Quiroga y acordaron sólo transferir a la boleta de luz la primera cuota del aumento salarial acordado con el sindicato de Agua y Energía. De esta manera, la suba no requiere de la aprobación del Concejo Deliberante y solo se aplicará mediante un decreto de Quiroga.

Además, “el intendente me garantizó que va a renovar la concesión a CALF”, agregó Ciapponi. La entrevista con el jefe comunal, Horacio Quiroga, se llevó a cabo a primera hora de ayer, antes de que presentara en sociedad un equipo de 20 megavatios por el cual la cooperativa invirtió más de 19 millones de pesos y que permitirá cubrir una demanda de 2.000 viviendas.

Como resultado del encuentro con Quiroga se definió que la cooperativa sólo trasladará al poder concedente el pedido de aumento de tarifa, de un 12%. La cifra se corresponde con el primer tramo del aumento salarial acordado para los empleados de Agua y Energía. Tras ese aumento, los trabajadores percibirán un 6 y 7 % en otras dos cuotas: en total, 25% anual. La suba salarial forma parte de la denominada “cláusula gatillo” y no requiere que la discusión se traslade al Deliberante.

CALF comenzó a pagar este mes el incremento del transporte de energía (de un 54,63%) por el cual de 260 millones debió erogar casi 400 millones de pesos. Ciapponi destacó además que “hubo otro aumento definido por Energía, que CALF absorbió, lo que tradujo en una situación delicada”.

Por otra parte, destacó que “hace rato venimos hablando de la renovación de la concesión”, porque el contrato vence en agosto, pero sostuvo que en el encuentro de ayer no se abordó el tema en detalle. Citó al menos 3 puntos que le interesa discutir a CALF para una nueva concesión: el porcentaje del canon (actualmente del 6%) que el paga al municipio por el uso del espacio público), el porcentaje para el ente regulador (actualmente del 2%) y las reglamentaciones para las obras para terceros, que Ciapponi evaluó que “no es para estos tiempos” porque se debe invertir “10 veces más que las instalaciones convencionales”. (Fuente: diario Río Negro)

El 20% de Cipolletti, colgado de la luz

Edersa contraatacó a las críticas del EPRE con un reclamo para que se regularicen las conexiones clandestinas de las tomas. Según denunció, el 20% de la ciudad está colgado de la red de manera precaria y no paga el servicio.

El EPRE reconoció que las conexiones clandestinas son uno de los factores que influyen en las permanentes fallas del servicio, aunque consideró que la situación excede su ámbito de competencia.

Bajo la lupa por el altísimo promedio diario de cortes –7 en 2016 y 9 durante enero y febrero–, desde Edersa reclamaron soluciones por las conexiones truchas. Matías Bourdieu, presidente de la distribuidora, aseguró que la situación de las tomas en Cipolletti es el más grave de la provincia, y manifestó: “En esta ciudad existen más de 25 asentamientos ilegales, y nuestros estudios demuestran que tenemos alrededor de 5000 familias conectadas ilegalmente a las redes de distribución eléctrica”.

La cifra representa aproximadamente el 20% de la población y equivale, incluso, a los clientes legales de todo Fernández Oro. “Lógicamente, eso afecta la calidad del servicio, sobre todo de los usuarios que viven cerca de las tomas”, dijo Bourdieu.

El titular de la distribuidora explicó: “Estamos trabajando con el Municipio en busca de soluciones a esta difícil situación, porque perjudica a la empresa en sus finanzas ya que nosotros pagamos por esa energía que se nos roba pero, sobre todo, afecta la calidad del servicio de todos los cipoleños”.

Los vecinos de varias tomas han pedido que les coloquen medidores comunitarios para que se mejore la prestación en esos barrios, pagando el costo del consumo general hasta que se regularice la tenencia de los lotes y puedan contar con bajadas directas de la línea de media tensión, aunque esas solicitudes no prosperaron como solución general.

Un problema para todos

Cortes

Edersa asegura que hay 5000 familias conectadas ilegalmente y que eso provoca cortes de electricidad y cambios de tensión en barrios cercanos.

Quieren medidores

En casi todas las tomas quieren medidores comunitarios para que se mejoren las instalaciones, ya que utilizan elementos eléctricos para calefaccionarse y, al estar colgados, corren riesgo de sufrir cortocircuitos. (Fuente: La Mañana de Cipolletti)

El EPRE convalidó los recargos de la CEB

El ente regulador EPRE consideró que el talón B de la factura no forma parte de la tarifa eléctrica y que la empresa puede incluir lo que considere.

 

El Ente Provincial Regulador de Electricidad (EPRE) decidió revisar su política de transparencia en la facturación del servicio de energía y autorizó a la Cooperativa de Electricidad Bariloche (CEB) a mantener un talón B en la boleta de luz con los recargos que la empresa decida, siempre y cuando en el talón A, que no tiene código de barras para el pago por separado, se cumpla con el marco regulatorio rionegrino.

Mediante dos resoluciones que fueron festejadas en el edificio de la CEB de la calle Vicealmirante O’Connor, el directorio del EPRE le concedió además a la distribuidora un reconocimiento de costos laborales por 9,6 millones de pesos y un aumento de la tarifa por otros 114 millones. Además convalidó que Bariloche pierda la “reserva fría” de las centrales térmicas Pechón y Puerto Moreno, cuyas instalaciones tienen por ahora un destino incierto.

En Bariloche y Dina Huapi se cobra en los hechos una tarifa por encima de la que dispone el EPRE porque la CEB, troquelado mediante, incluye en la boleta un segundo talón con tres recargos, que no tienen por explicación más que una leyenda que dice “Res. Asamblea” y una fecha.

Además, en el caso de los clientes que tienen cloacas, cobra el servicio de saneamiento.

El presidente del EPRE, Néstor Pérez, que trabajó en la CEB, le dijo ayer a “DeBariloche” que el talón B “no es un ítem eléctrico” y que por lo tanto no pueden incluir allí cargos del servicio de energía. Pero podría la cooperativa disponer de cualquier cargo para financiar el déficit de su operación.

No es lo que opinaba el mismo ente en 2014, cuando dictó la resolución hoy revisada.

Los 9,6 millones de pesos que el ente le otorgó de aumento en la tarifa por mayores costos laborales corresponden al reconocimiento de una planta de personal de 125 trabajadores (en la última revisión tarifaria quinquenal era de 117). El incremento se aplicará de manera retroactiva a agosto del año pasado.

En cambio, los 114 millones de mejora de ingresos que el ente regulador le concedió a la CEB corresponden a una revisión de los costos de gestión comercial y un reconocimiento al aumento de los precios de los insumos para el mantenimiento del servicio.

La tasa que el EPRE les cobra a las distribuidoras para financiar su funcionamiento no puede trasladarse a la tarifa, pero la CEB lo coloca en el talón B. El regulador había advertido en 2014 que es una práctica prohibida pero ahora revisó la posición. “No nos involucramos en decisiones de la cooperativa”, dijo ahora Pérez.

El fin de la “reserva fría”

Las centrales térmicas Pechón y Puerto Moreno sostuvieron la demanda de Bariloche hasta hace 30 años.

Pero desde que la cooperativa realizó inversiones que permitieron configurar una red abastecida con la línea de 132 kilovoltios (kV) que desde 1987 llega desde el norte, funcionan como una “reserva fría” que debía estar lista para entrar en generación cuando el tendido desde Alicurá fallara.

Hace años que la CEB pide que le quiten la obligación de mantener la “reserva fría” (hay una central a gasoil de So Energy en La Paloma), pero recién ahora el ente regulador le dio el visto bueno.

En la tarifa había unos dos millones de pesos de reconocimiento de ese costo que se perderá. (Fuente diario Río Negro)

Inversores extranjeros ven mejoras en la Argentina

«Perú, México y Argentina han recuperado y consolidado su percepción como destinos seguros para la inversión extranjera», sintetiza un estudio multidisciplinario sobre la seguridad jurídica y la protección a la inversiones, encargado por World Federation of Investors (WFI).

Un informe internacional, encargado por la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec) y por la World Federation of Investors (WFI), muestra contrapuestas situaciones sobre la seguridad jurídica en América Latina pero destaca que los inversores extranjeros aprecian el cambio político en la Argentina, país en el que observan una «gran mejora en el último año»

«Los inversores extranjeros aprecian el cambio político en la Argentina» precisa el informe que destaca de este país la «gran mejora en el último año» en materia de seguridad jurídica, en contraste con una «caída abrupta de Colombia, en un escenario en el que «Chile y Costa Rica lideran» y «Perú avanza», mientras «México mantiene su sólida posición y Bolivia sigue en el último lugar», detalla el informe.
«Perú, México y Argentina han recuperado y consolidado su percepción como destinos seguros para la inversión extranjera», sintetiza este exhaustivo estudio multidisciplinario sobre la seguridad jurídica y la protección a la inversión en Latinoamérica, encargado por Aemec y la WFI.

El informe detalla que «la descoordinación y la sombra de la corrupción política ponen en riesgo la incorporación de Colombia a la OCDE; Perú sube la nota y México muestra su fortaleza. Chile y Costa Rica siguen liderando la percepción de seguridad y Bolivia sigue en último lugar».

El informe analiza el grado de institucionalidad de los países latinoamericanos más representativos, según el grado de protección de las inversiones extranjeras de cada uno.

Considera las recomendaciones de la OCDE sobre garantías normativas, y detalla la situación jurídica e institucional de cada país (en especial en sectores regulados) tanto la evolución previsible de la gobernanza en cada caso.

En el análisis por países, refiriéndose a la Argentina, el estudio pondera «la mejora experimentada en el país tras el reciente cambio de orientación política y las reformas implementadas», pero de todos modos «se recomienda modificar la normativa sobre ceses discrecionales de autoridades reguladoras, aunque en general se reconoce el amplio margen de autonomía alcanzado en regulación y supervisión».

En este concepto, el informe expone una consideración específica de los sectores regulados de la energía y las telecomunicaciones.

Este estudio fue realizado como un análisis en el marco de las recomendaciones de la OCDE sobre seguridad jurídica y protección de las inversiones.

La OCDE, entre sus recomendaciones, propicia la «salvaguarda de la calidad regulatoria» a través de «normas emanadas de procesos transparentes y participativos, a partir de análisis regulatorio ex ante y ex post», con una «atención a la tutela judicial efectiva, motivación suficiente y no confiscación».
También propicia la «existencia de autoridades regulatorias independientes», además de un «nivel de neutralidad competitiva e imparcialidad».

La Aemec, una de las entidades responsables de la realización de este informe, es, en España, una entidad sin ánimo de lucro creada para defender y proteger los intereses de los accionistas minoritarios, crear canales y causes de comunicación entre las sociedades cotizadas y sus accionistas, generando un clima de sensibilidad asociativa que fomente la defensa de sus derechos.
La World Federation of Investors es, por su parte, una organización sin fines de lucro independiente cuyos miembros son las asociaciones nacionales de accionistas.

La WFI ha sido constituida para promover la educación de los inversores y ayudar a las asociaciones locales de accionistas a servir mejor a sus miembros, individuos y grupos de inversores.

El informe fue realizado por el estudio Cremades & Calvo-Sotelo, una de las firmas de abogados más relevantes de España (FUENTE MDZ).