«Perú, México y Argentina han recuperado y consolidado su percepción como destinos seguros para la inversión extranjera», sintetiza un estudio multidisciplinario sobre la seguridad jurídica y la protección a la inversiones, encargado por World Federation of Investors (WFI).

Un informe internacional, encargado por la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec) y por la World Federation of Investors (WFI), muestra contrapuestas situaciones sobre la seguridad jurídica en América Latina pero destaca que los inversores extranjeros aprecian el cambio político en la Argentina, país en el que observan una «gran mejora en el último año»

«Los inversores extranjeros aprecian el cambio político en la Argentina» precisa el informe que destaca de este país la «gran mejora en el último año» en materia de seguridad jurídica, en contraste con una «caída abrupta de Colombia, en un escenario en el que «Chile y Costa Rica lideran» y «Perú avanza», mientras «México mantiene su sólida posición y Bolivia sigue en el último lugar», detalla el informe.
«Perú, México y Argentina han recuperado y consolidado su percepción como destinos seguros para la inversión extranjera», sintetiza este exhaustivo estudio multidisciplinario sobre la seguridad jurídica y la protección a la inversión en Latinoamérica, encargado por Aemec y la WFI.

El informe detalla que «la descoordinación y la sombra de la corrupción política ponen en riesgo la incorporación de Colombia a la OCDE; Perú sube la nota y México muestra su fortaleza. Chile y Costa Rica siguen liderando la percepción de seguridad y Bolivia sigue en último lugar».

El informe analiza el grado de institucionalidad de los países latinoamericanos más representativos, según el grado de protección de las inversiones extranjeras de cada uno.

Considera las recomendaciones de la OCDE sobre garantías normativas, y detalla la situación jurídica e institucional de cada país (en especial en sectores regulados) tanto la evolución previsible de la gobernanza en cada caso.

En el análisis por países, refiriéndose a la Argentina, el estudio pondera «la mejora experimentada en el país tras el reciente cambio de orientación política y las reformas implementadas», pero de todos modos «se recomienda modificar la normativa sobre ceses discrecionales de autoridades reguladoras, aunque en general se reconoce el amplio margen de autonomía alcanzado en regulación y supervisión».

En este concepto, el informe expone una consideración específica de los sectores regulados de la energía y las telecomunicaciones.

Este estudio fue realizado como un análisis en el marco de las recomendaciones de la OCDE sobre seguridad jurídica y protección de las inversiones.

La OCDE, entre sus recomendaciones, propicia la «salvaguarda de la calidad regulatoria» a través de «normas emanadas de procesos transparentes y participativos, a partir de análisis regulatorio ex ante y ex post», con una «atención a la tutela judicial efectiva, motivación suficiente y no confiscación».
También propicia la «existencia de autoridades regulatorias independientes», además de un «nivel de neutralidad competitiva e imparcialidad».

La Aemec, una de las entidades responsables de la realización de este informe, es, en España, una entidad sin ánimo de lucro creada para defender y proteger los intereses de los accionistas minoritarios, crear canales y causes de comunicación entre las sociedades cotizadas y sus accionistas, generando un clima de sensibilidad asociativa que fomente la defensa de sus derechos.
La World Federation of Investors es, por su parte, una organización sin fines de lucro independiente cuyos miembros son las asociaciones nacionales de accionistas.

La WFI ha sido constituida para promover la educación de los inversores y ayudar a las asociaciones locales de accionistas a servir mejor a sus miembros, individuos y grupos de inversores.

El informe fue realizado por el estudio Cremades & Calvo-Sotelo, una de las firmas de abogados más relevantes de España (FUENTE MDZ).