Las tomas demandan una cantidad de electricidad cada vez mayor y le generan a la empresa un gasto que nadie cubre.

En 2023 la empresa rionegrina de electricidad Edersa compró casi 2.000 megavatios hora (MWh) de energía para distribuir en toda la provincia, pero un 17,3% de ese total no pudo cobrarlo y debió pasarlo a pérdida. La inmensa mayoría de esa diferencia corresponde al consumo en tomas y para la empresa representó el año pasado un costo de casi 800 millones de pesos por mes.

“Como todos sabemos, y a partir de diferentes razones que tienen que ver con cuestiones socioeconómicas, los barrios populares y asentamientos periféricos se han incrementado considerablemente en la provincia durante el último tiempo. Hoy, sólo reconocidos por Renabap (Relevamiento Nacional de Barrios Populares), existen en el área de concesión de Edersa más de 200 barrios populares, de los cuales sólo tenemos medidos 60. Hay energía que opera la compañía y que va a parar a esos sectores y que no se cobra”, dijo el gerente general de la empresa, Fernando Barreto.

La pérdida eléctrica, una clasificación para medir


La llamada “pérdida técnica” es una clasificación que se utiliza en el mercado eléctrico para medir la eficiencia de una red. Hay estudios que señalan que hasta un 4% de energía que se pierde por fuera de las cuestiones físicas normales, es una proporción aceptable, pero en algunos países se acepta hasta un 8%.

Cuando se estableció la “empresa ideal” a la que el Estado rionegrino obliga a Edersa a ajustarse, se aceptó una pérdida de hasta un 6%.

El excedente, se adujo, debe correr por cuenta del concesionario, sin mensurar, en 1995, cuando se hizo el marco regulatorio, que iba a existir semejante fuga de electricidad por los enganchados ilegales.

Porque cuando los indicadores superan ese umbral, no hay que ser muy sagaz para concluir que por algún lado se escapa esa energía que no está siendo medida y que por lo tanto tampoco es facturada.

Son los “colgados” o, en el negocio eléctrico, la “pérdida no técnica”.  Hay “colgados” de todo tipo, desde los que modifican los medidores para que registren menor cantidad de kilovatios hora (kWh) hasta los que se conectan a la red pública de manera clandestina.

Hay casas de familia y hay empresas que truchan su conexión para sacar una ventaja, pero no es el caso de los barrios populares que nacieron como ocupaciones ilegales. La construcción de una toma supone el enganche a servicios esenciales, como la electricidad y el agua; la manipulación de la red de gas tiene un riesgo mucho mayor.

La energía eléctrica se usa en los barrios populares para iluminarse y para calentarse; para cocinar, una garrafa.

Las redes están diseñadas para soportar una potencia determinada; cuando se enganchan decenas, cientos de nuevos hogares a un tendido en baja tensión (220 voltios, V), hay que reforzar ese tendido para que no colapse porque además se trata de viviendas con uso intensivo de la electricidad.

Los municipios, con la asistencia de las distribuidoras y bajo la promesa de solucionar en el mediano plazo la demanda social, terminan convalidando el acceso a las redes de electricidad y de agua.

“En términos económicos, esa ‘pérdida no técnica’ le significa a la distribuidora 9.400 millones de pesos, que Edersa le abona a Cammesa cuando compra la energía en el mercado mayorista y que no consigue cobrar. De ese total, alrededor del 70% corresponde al conglomerado que conforman las localidades de Cipolletti, Las Perlas y Fernández Oro, donde la problemática de la irregularidad eléctrica es muy marcada”, dijo el gerente general de Edersa.

Con el programa Rebanap “se concretaron muchas obras de regularización eléctrica en barrios populares de toda la provincia, pero la realidad es que falta muchísimo, la irregularidad avanza a pasos agigantados y por ello es necesario lograr retomar la senda de la normalización”, añadió Barreto.

“Trabajamos para que todos los rionegrinos cuenten con energía segura y de calidad. Las conexiones clandestinas en estos sectores afectan sólo a Edersa en términos económicos, pero son un riesgo permanente en materia de seguridad pública y además afectan considerablemente el normal servicio de aquellos usuarios que son vecinos y sí pagan sus facturas”, añadió.

Río Negro, al tope en el listado de los barrios populares


El listado de barrios populares que entrega el registro nacional indica que en Río Negro hay 240 asentamientos irregulares y no es precisamente Bariloche (37 asentamientos), la ciudad más grande, la que más tomas tiene, sino que el ranking lo encabeza Cipolletti (51).

La explicación es simple: la actividad laboral de Vaca Muerta extiende su derrame hasta entrado el territorio rionegrino. El acceso a una vivienda es complicado para una familia con empleo en blanco, registrado y medianamente bien pago. Para los que se desarrollan en una economía menos formal, el esfuerzo del acceso a una casa es doble.

Edersa tiene la concesión de la distribución de electricidad en toda la provincia menos Bariloche, Dina Huapi y Río Colorado. En su área hay 202 asentamientos.

En algunos de ellos, como el barrio Obrero de Cipolletti, viven miles de personas.

De esos 202 barrios, en sólo 60 hay medidores comunitarios, que funcionan así para que la cuenta la paguen las municipalidades, pero eso no significa que haya enganchados a red aguas arriba de esos medidores.

Y en los barrios populares registrados por el Estado pero sin medidor comunitario, la cuenta la paga indefectiblemente Edersa.

La empresa lanzó un programa que llamó “Edersa en los barrios” con la idea de llegar a las familias que viven en estos barrios “con charlas e información sobre uso eficiente, racional y seguro de la energía, consejos de consumo, tarifas, subsidios, segmentación tarifaria y otros temas”, informo la compañía. La idea es ir sumando usuarios regularizados.

“En muchos barrios este programa generó grandes resultados, dado que los vecinos consumen lo que necesitan y pueden pagar, se mantuvieron en la regularidad y cuentan con un mejor servicio”, contó uno de los integrantes del equipo.

El gran desafío es que la regularización de la demanda de un barrio (o de una casa) sea sostenible.

No es sencillo porque con los aumentos en la tarifa, (que en reglas generales son fondos para el generador, no para el distribuidor) el cumplimiento se hace cuesta arriba. (FUENTE: DIARIO RÍO NEGRO)